miércoles, 24 de abril de 2013
jueves, 11 de abril de 2013
Mariano cada vez más cerca de...
miércoles, 20 de marzo de 2013
El ex presidente de Invercaria, imputado, implica al ex consejero Vallejo. La familia de Felipe González vinculada al caso Invercaria
La implicación se deduce directamente de un escrito que el propio ex presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, entregó a la Policía Judicial el pasado 14 de febrero. Del escrito, subraya ABC, cabe concluir que la implicación de la Consejería de Innovación, regida entonces por el socialista Francisco Vallejo, era totaldado que el propio consejero tenía pleno conocimiento de todo lo que se hizo. Pérez Sauquillo ha sido imputado por malversación de caudales públicos en elcaso Invercaria. La policía señala además que la familia del sobrino de Felipe González, Juan Manuel González Mejías, que tambièn presidió Invercaria, tiene "una suerte de vínculo" con Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía(FIVA), la empresa investigada que dio origen a este caso.Es más, la policía concreta la implicación del ex Consejero Vallejo del siguiente modo: "Considerando que la actuación de Invercaria respecto a FIVA ha sido atípica y que desde los más altos cargos responsables de Invercaria se tenía conocimiento, según reconoce el máximo responsable de Invercaria [Tomás Pérez-Sauquillo], debe presumirse la connivencia en las actuaciones investigadas de las personas que ocuparon dichos cargos, como son el director general de la Agencia IDEA y el propio consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía».El País lo explica con mayor claridad aún cuando expone que la policía señala al exconsejero de Innovación y diputado socialista Francisco Vallejo por los testimonios recabados. “Tenía un conocimiento cercano y directo de las operaciones realizadas entre Invercaria y Fiva (...) Era una apuesta personal del consejero”. Vallejo rechazó ayer conocer el día a día de la firma. “Me invitaron a presentar el proyecto y me pareció interesante. Eso es todo”, dijo. En el periodo investigado junto a Pérez Sauquillo figuran los expresidentes Laura Gómiz y Juan María González Mejías, sobrino del expresidente Felipe González, y cuya familia posee una “suerte de vínculo” con FIVA, según la policía. Este vínculo, según la policía, se establece porque un hermano de Juan María González fue administrador de la sociedad Los 15 Amigos SL, en sustitución de Jesús Bores, que a su vez participa en FIVA, y cuya familia es asimismo amiga de la de Felipe González.Ayer se hizo pública la imputación del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo. Tendrá que declarar el 13 de mayo como imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos en el fallido proyecto de la firma Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA). Además, han sido imputados Francisco Barrionuevo, presidente de Novasoft, el exgerente del portal web José Luis Hidalgo Ruiz; Francisco Gallardo Hill del Grupo Imagen y Juan Antonio Bardón de Innovaes Formas de Comunicación. Tambièn han sido imputados dos empleados de Invercaria, Gonzalo Alba Beteré, analista de Invercaria que participó en el consejo de FIVA, y el director de Finanzas de Invercaria, Antonio Nieto Garrido. El caso FIVA e InvercariaEl caso es que la Junta invirtió un millón de euros en FIVA, “un portal virtual que a día de hoy no está operativo” sin respetar el procedimiento establecido por la normativa reguladora de Invercaria para el compromiso de gastos. La Policía dice no detectar un aumento especialmente significativo del patrimonio personal de las personas investigadas pero sí descubre un notable incremento de los patrimonios de algunas de las sociedades que gestionan Pérez Sauquillo, Bardón y Nieto. Además, acentúa el gran desorden contable y financiero existente y expone que "la financiación de FIVA ha sido muy irregular. Destacan las denominadas asistencias financieras, realizadas sin control ni procedimiento de formalización alguno. Respecto a los préstamos participativos, se observa una ausencia casi total de documentación justificativa de los mismos”. Además, la policía denuncia facturaciones por gabinete de prensa y publicidad cuando la empresa no tenía actividad comercial. Tambièn señala numerosas irregularidades documentales con incongruencias por fechas y cantidades económicas no coincidentes con la realidad”Por si fuera poco, la policía sospecha que la mayor parte de las actas del Consejo de Administración fueron “post datadas”, es decir, firmadas a posteriori por los socios. Las empresas paralelas Pérez Sauquillo y Nieto, que trabajaban en Invercaria, constituyeron en 2004 Cartom Urbana y Procuysa, empresas para la construcción y promoción de viviendas. Nieto compró participaciones en la firma Los 15 Amigos SL, cuyo administrador único fue Jesús Bores, perteneciente a una familia "amiga" de Felipe González, quien en 2010 ascendería a vicesecretario de FIVA. La policía destaca la “especial implicación” del empresario Juan Antonio Bardón en FIVA. “Se descubre su relación familiar con una persona vinculada a la gestión y concesión de fondos de la Junta, hecho negado expresamente por el mismo en su declaración”.Un portal de Internet sin dominio adecuado en Internet y facturas extrañas Novasoft cobró 559.189 euros “por un trabajo incompleto y/o insuficiente”, subraya la policía. Es sorprendente, por ejemplo, que el supuesto portal que hizo no fuera el titular del dominio "fiva.es", dominio que pertenece a la empresa Corporación Gráfica desde el 22 de enero de 2006, siete días antes de aprobación de la inversión por parte de FIVA. El análisis de los datos aportados por el Grupo Imagen refleja tres facturas por 24.940 euros, pese a que la suma real asciende a 27.930 euros. El mismo error ocurre con Corporación Gráfica por cinco facturas que ascendían a 26.021 euros, cuando la firma había informado de un importe de 22.648 euros. El PP equipara, aporta El País, el caso Invercaria al caso de los ERE por el supuesto descontrol en la concesión de fondos públicos y se refiere al informe de la Cámara de Cuentas, origen del caso. Los gastos suntuarios de Sauquillo Esta imputación, anota El Mundo, viene a dar la razón a la Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez que investiga supuestas irregularidades en Invercaria que imputase a Tomás Pérez-Sauquillo, que, mientras ejerció su cargo comía en algunos de los mejores restaurantes de Sevilla, Madrid, Córdoba, Jaén, Almería o Ciudad Real y la Junta de Andalucía pagaba la factura. Utilizaba una tarjeta Visa Bussiness asociada a una cuenta de la empresa pública, con la que en el año 2009 llegó a gastarse 24.264,62 euros, casi todo en restaurantes.Recuérdese que Pérez Sauquillo pasó la tarjeta de crédito de Invercaria para pagar 127 comidas en 2009, un año que tuvo 253 días laborables. Es decir, cada dos días almorzaba o cenaba con cargo a las arcas públicas a una media de casi 190 euros el ágape, según se desprende del extracto de la tarjeta Visa.El ridículo y la "transparencia" de la JuntaEn plena campaña por una regeneración vía transparencia, la Junta de Andalucía ha topado con su propia opacidad. Durante los dos últimos años, la Junta ha negado sistemáticamente que existiera caso Invercaria, caso que se le viene encima ahora con la imputación del ex presidente Sauquillo. Pero, como ya es costumbre, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró tras conocer la imputación del ex alto cargo socialista que la Junta va a "colaborar en lograr cuanto antes un esclarecimiento de los hechos, tal y como ha estado haciendo hasta la fecha". Es más, llegó a decir que no se puede poner en duda "que la Junta de Andalucía defiende el rigor y la transparencia de los fondos públicos", subrayando que "si alguien tiene que pagar por una actividad o actitud irregular, pues tendrá que hacerlo". No recordó, al parecer, que el juez llegó a amenazar con imputar un delito de desobediencia a la autoridad judicial al actual presidente de Invercaria, Francisco Álvaro, por su poca colaboración al no entregarle documentación requerida. Cuando alguien le recordó que durante años ha negado el caso Invercaria, Vázquez dijo que como estamos en un Estado de derecho ya se verá si hay un procedimiento de vista oral o hay un sobreseimiento.
domingo, 24 de febrero de 2013
miércoles, 13 de febrero de 2013
Los 1.400 millones que el PSOE 'dio’ a sus amigos
El principal acusado del ‘Eregate’, señala directamente a Griñán y a Chaves
El dinero de los ERE fraudulentos consentidos por Chaves y Griñán fue a parar a empresas de ex dirigentes socialistas y municipios gobernados por su partido.
El líder del Partido Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba lleva desde el domingo pasado solicitando la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. ¿El motivo? Hay sospechas de corrupción en el Partido Popular. Culpabiliza, de esta manera, a Rajoy de los 201 millones con los que la trama Gürtel habría beneficiado al PP y los 22 millones de euros colocados en paraísos fiscales por el ex tesorero Luis Bárcenas. Pero mientras Rubalcaba arremete contra Rajoy, olvida la basura que esconde el propio PSOE en su patio trasero: Andalucía.
El partido está siendo investigado por la Justicia por un posible caso de financiación irregular que podría ascender hasta los 1.400 millones de euros, el dinero que la juez de Sevilla Mercedes Alaya estima que se desvió en la trama de los ERE falsos a fines diferentes al de su concesión. Un dinero que acabó en manos de ex dirigentes de la Junta y agrupaciones socialistas municipales, en lugar de en los planes para la mejora del empleo para los que estaban destinados por la Unión Europea y el Ejecutivo central, financiadores involuntarios de esta trama.
Las investigaciones judiciales están demostrando que el Andaluciagate es una maraña corrupta con varias patas –Invercaria, falsos ERE– y una sola cabeza –la cúpula de la Junta–. Sólo un centro neurálgico político que estuviera al tanto de todo podía conectar las distintas tramas cuyo objetivo era desviar fondos bajo distintas capas como facturas falsas o créditos a empresas sin actividad para favorecer a amiguetes. Ese centro neurálgico era el Palacio de San Telmo, habitado primero por Manuel Chaves y después por José Antonio Griñán. La apisonadora mediática que acompaña a los socialistas y filtra la información interesadamente ha relegado a la oscuridad el caso de los ERE, iniciado por el escándalo de Mercasevilla y que salpica directamente a la cúpula socialista del partido en Andalucía, con Chaves y Griñán citados continuamente en las declaraciones que llenan los miles de folios de la instrucción del procedimiento.
Olvida Rubalcaba, mientras reprocha a los populares el aumento del paro, que aquel dinero estaba destinado a generar empleo, a través de la Agencia Idea, en la comunidad autónoma con mayor índice de desempleo de España. Una región en la que un tercio de sus habitantes no tiene trabajo. Da igual que Andalucía lleve 30 años gobernada por los suyos; Rubalcaba acusa de corrupción y pide dimisiones por mucho menos.
Contabilidad paralela
Entre los años 2001 y 2008, por lo menos, el principal acusado del EREgate, Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo y Seguridad Social de la socialista Junta de Andalucía, elaboró una contabilidad personal con la que supuestamente administraba y gestionaba el fondo de reptiles del amiguismo. El modelo Bárcenas no era exclusivo, por lo que parece. Su superior jerárquico, el hoy presidente de la Junta y entonces consejero de Economía y Hacienda, Griñán, daba el visto bueno a todas estas operaciones, según ha declarado Guerrero ante la juez Alaya y ante la prensa. Y el superior de Griñán, por aquellas fechas presidente autonómico y presidente del PSOE, Chaves, también estaba al corriente de los manejos.
Guerrero, que disfrutó de la mayor confianza de sus dos superiores, anotó en su libreta con todo rigor la entrada y salida de dinero. Hasta 522 millones de euros se pueden rastrear en ese movimiento incesante de favores. ¿Los destinatarios? Prejubilados de empresas en las que nunca trabajaron que, curiosamente, eran administradas por ex cargos socialistas andaluces y ayuntamientos gobernados por el PSOE para los que las partidas que destinaba la Junta de Andalucía parecían quedarse cortas. Pero Guerrero debía ser más minucioso de lo que acusan a Bárcenas y añadía a su libreta de contabilidad anotaciones en hojas volanderas.
Como una en la que había escrito a mano una referencia a la conversación que mantuvo el 23 de mayo de 2005 con la directora general de Tesorería de la Consejería de Economía y Hacienda, Julia Núñez, pactando el calendario de pagos de los ERE fraudulentos. Otro parecido entre el caso de los ERE y el affaire Bárcenas es la dimensión internacional del asunto. Es decir, la salida de capitales a paraísos fiscales. Recientemente se ha sabido que la consultora Vitalia, beneficiada con 23 millones de la Junta de Andalucía por mediar en los ERE fraudulentos, envió algo más de cinco de estos millones a la República Dominicana. De esta manera creaban vínculos comerciales con Jesús Barderas, amigo y anfitrión del ex presidente socialista del Gobierno, Felipe González.
Vitalia conseguía, por medio de esta aportación de dinero supuestamente detraído del erario público andaluz, participar en la construcción del espacio de ocio turístico Cap Cana, uno de los destinos de recreo favoritos del ex presidente González. Vitalia, por cierto, es un viejo conocido de las comisiones políticas. Ya fue investigada en 1988 cuando cobró 787 millones de pesetas para mediar por los 1.800 despidos que la compañía estaba incluyendo en, ¡qué casualidad!, un expediente de regulación de empleo.
Gürtel socialista
Otro de los silencios, que no olvidos, de Rubalcaba es la vertiente socialista de la trama Gürtel. Una vertiente que, según la documentación que figura en el sumario de la causa, salpica a personas del núcleo más inmediato del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En una conversación grabada que se produjo entre Francisco Correa, principal imputado en el caso Gürtel, y el empresario leonés José Luis Martínez Parra se cita a Angélica Rubio, asesora de Zapatero y socialista leonesa de las que acompañó al político en su traslado de León a Madrid, como la persona que iba a interceder entre Moncloa y el constructor para que obtuviese unos contratos para una planta experimental de captura de dióxido de carbono y unas cocheras de trenes en Valladolid.
En cualquier caso, la conversación entre el empresario y el principal encausado por Gürtel no deja lugar a la duda: se estaba hablando de beneficiar a un empresario usando tráfico de influencias.
Populares a la carga
Aprovechando el revuelo mediático de los últimos casos de supuesta corrupción política y las declaraciones de Rubalcaba solicitando la dimisión de Rajoy, los populares de Andalucía han iniciado una campaña, que coincide con la huelga salvaje de los sindicatos en el sector de la recogida de basuras, para volver a poner de relieve la presunta trama de corrupción socialista en esa comunidad autónoma. La semana pasada la vicepresidenta de Economía y Empleo del Partido Popular andaluz, Carolina España, interrogaba al presidente Griñán: “¿Dónde están los 1.052 millones de euros que se habían consignado en los Presupuestos de 2010 y 2011 para políticas activas de empleo?”.
La conclusión de los populares dirigidos por Juan Ignacio Zoido fue clara: está con el dinero perdido en la red tejida por el socialismo andaluz en torno a los ERE fraudulentos durante los 30 años anteriores. Una red que ya se está investigando como una vía de financiación irregular de los socialistas a través de su feudo más emblemático. Alfredo Pérez Rubalcaba, que con tanta presteza ha solicitado la dimisión de su rival político, el líder popular Mariano Rajoy, quedaría inhabilitado para manifestar esta exigencia.
Máxime cuando dirige un partido político al que están investigando por un caso de corrupción de magnitudes desconocidas hasta ahora. Además, el ex ministro del Interior encabeza la oposición como líder del PSOE, del que fue presidente Manuel Chaves, que, a la luz de los documentos incluidos en el sumario instruido por la juez Mercedes Alaya, está involucrado en todo el escándalo, si no por su actuación directa, extremo que todavía no ha sido confirmado, sí como conocedor de unos hechos frente a los que no actuó.
Una trama en la que, como en la que critica a los populares, aparecen varios elementos comunes: anotaciones en cuadernos particulares, salida de dinero fuera de España y desvinculación por parte de los primeros espadas del partidos que, como viene siendo habitual en los casos de corrupción de la democracia española, se siguen enterando de estos escándalos por la prensa, aunque estén sucediendo junto a ellos y sean los máximos responsables.
Fuente:
JUAN E. PLFÜGER