Los veinte mil hijos de la Junta

La austeridad que demandan los tiempos ha obligado al Ejecutivo a suprimir más de la mitad de las empresas públicas

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra el «decretazo», también conocido como «funcionariazo» o «decreto del enchufismo». Se veía venir. El decreto de reorganización de la administración de la Junta fue aprobado por la vía de urgencia en pleno verano, a ver si colaba, y justo hace unos días, tras un súbito cambio de opinión, se ha remitido al Parlamento para tramitarlo como proyecto de ley. La razón no es otra que la de evitar que los tribunales lo tumben a la primera de cambio en base a que la administración pública no se puede reformar por decreto. En este primer encontronazo con los tribunales ya se percibe la improvisación y la necesidad acuciante que han impulsado a la Junta a tratar de reorganizarse salvando el empleo de las veinte mil personas que han accedido a su puesto de trabajo sin superar pruebas objetivas y que conforman lo que se conoce como «administración paralela».

Salvados por la campana del primer encontronazo jurídico más bien pronto que tarde aparecerán en el horizonte nuevos escollos que embrollarán aún más el intento de colar como empleados públicos a todos los contratados a dedo de la Junta. El Gobierno andaluz ha creado en los últimos años una red de empresas públicas que ha vaciado de contenido una buena parte del trabajo de los funcionarios. Razones de agilidad administrativa, si por ello se entiende saltarse a la torera las leyes administrativas y de control a las que están sometidas las instituciones públicas, son las que aconsejaron a la Junta la creación de una «administración paralela». Ahora, la austeridad que demandan los tiempos ha obligado al Ejecutivo a suprimir más de la mitad de las empresas públicas, eso sí, conservando sus funciones y sus empleados. Algo así como reformémoslo todo para que todo siga igual. Como Lampedusa. Pero en esta ocasión se han encontrado con los funcionarios que no están dispuestos a que se les equipare con los nuevos empleados públicos. La huida del derecho administrativo, con su armazón garantista y sus controles del gasto y la ejecución, han llevado a la Junta a un camino sin retorno en el que la única posibilidad de normalizar la situación sería derogar el «decretazo» y empezar desde cero. Pero la soberbia, de la que andan tan sobrados algunos dirigentes del Gobierno andaluz, ciega a los hombres y les impide adivinar que esta vez la batalla está perdida y que todas sus acciones por adentrarse en el camino erróneo no harán más que agrandar el estrépito de su derrota.

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CABALLO ROJO.